Olvida la 4T combatir pesca ilegal

Por Alejandro Durán

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Se cumple la mitad del sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador y México sigue sin aprovechar oportunamente el potencial que dispone en materia pesquera, a pesar de tener acceso privilegiado a dos de los principales océanos del planeta (el Pacífico y el Atlántico), y contar con un litoral de más de 11 mil kilómetros,

La contribución de la pesca y la acuacultura al Producto Interno Bruto (PIB), agropecuario es de 2.5%, equivalente a sólo el 0.08% del PIB nacional, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Por ello, a propósito de que el próximo primero de diciembre se cumplen los tres primeros años del gobierno encabezado por López Obrador, en OceanRoom llevaremos a cabo un serial de reportajes encaminados a exponer los grandes retos de la pesca en México, sector del cual depende, según datos oficiales, al menos unos 300 mil pescadores y sus respectivas familias.

México y la actividad pesquera

De acuerdo con el Registro Nacional de Pesca y Acuacultura de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (CONAPESCA), la flota pesquera ésta conformada por un total de 76 mil 306 embarcaciones de las cuales se tienen dos mil 020 embarcaciones mayores registradas y operando; y un total de 74 mil 286 embarcaciones menores (ribereñas) registradas.

En cuanto a la flota pesquera de altura en México, que es la de mayor importancia en términos de volumen y empleos generados, se encuentran barcos atuneros, escameros, camaroneros y sardineros. Sin embargo, en su gran mayoría, (con excepción de los atuneros) es necesario mejorar el estado en que se encuentra este tipo de flota.

“Para el caso de las embarcaciones ribereñas por su elevado número, por el tiempo de vida útil, por la capacidad de las cooperativas o dueños en repararlas, así como por la falta de actualización de los registros de que dispone la CONAPESCA, ha sido difícil conocer con certeza el número real de embarcaciones menores que operan en el país”, admite al respecto el gobierno federal por medio del Programa Nacional de Pesca y Acuacultura 2020-2024.

El sector ribereño aporta en promedio (últimos cinco años) el 38% del volumen de producción de los que dependen directamente alrededor de 223 mil pescadores y sus familias, de los cuales se estima que los ingresos de una gran parte de pescadores de este sector (más del 60% ) se encuentran por debajo de las Líneas de Pobreza indicadas por el CONEVAL, agrega la CONAPESCA por medio del programa nacional mencionado.

La pesca en tiempos de la 4T

El 30 de diciembre de 2020 el gobierno encabezado por el Andrés Manuel López Obrador anunció el Programa Nacional de Pesca y Acuacultura 2020-2024, en donde se expuso una radiografía del sector y las líneas de acción, enfocado a lograr el “objetivo prioritario” de “Contribuir como actividad de pesca y acuacultura a la seguridad alimentaria, prioritariamente a la población ubicada en zonas rurales”.

Entre los objetivos cuantitativos del programa, destaca aquél de elevar de seis millones 175 mil 913 el número de mexicanos que consumen pescado (en el año 2017), a ocho millones 648 mil 273 para el año 2024, es decir, para final de la administración federal.

Sin embargo, ya pasó la mitad del presente sexenio y lo cierto es que las acciones han sido muy escasas, sino es que nulas. Esteban Garcia Peña-Valenzuela, director de Campañas de Pesquerías de la organización civil, Oceana, advierte que, en términos generales, el tema pesquero no es prioridad del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.

“De hecho, el tema pesquero es un tema que regularmente no está en la agenda política; pero dentro de la agenda de la autollamada Cuarta Transformación 4T, simple y sencillamente no está”, afirmó.

“Es un sector que tradicionalmente no está en la agenda pública o políticas ha sufridos muy pocas reformas desde hace 100 años, entonces hablamos de que en los últimos 100 años ha habido tres reformas pesqueras y han sufrido no más de tres reformas y eso también te habla de una carencia o una falta de interés de un sector que requiere apoyos”, afirmó.

Los pendientes: La Pesca Ilegal

De acuerdo con estimaciones del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), México es uno de los países del mundo que en mayor medida sufre el fenómeno de la pesca ilegal o irregular, es decir, aquella que se realiza en contravención de las disposiciones legales aplicables en el país.

México en particular, argumenta la institución, es vulnerable a este fenómeno por la amplia extensión de su litoral y por la composición de su flota pesquera, con más de 100 mil embarcaciones menores o pangas, cuya actividad es sumamente difícil de supervisar, lo cual abona para que la pesca ilegal represente en México entre un 45-90% adicional a la producción nacional oficial.

“La pesca ilegal impacta al país al incrementar la tasa de mortalidad de las especies y generar conflictos entre pescadores”, destaca el IMCO.

En palabras de un pescador de Sinaloa, refiere el organismo por medio de un estudio, “un pescador legal pesca entre 5 y 6 kilos en una jornada larga de pesca, mientras que un pescador ilegal pesca durante la noche aproximadamente 12 kilos de camarón”.

De esta manera, dicha dinámica genera un ciclo vicioso: por un lado, los pescadores pierden ingresos por una menor pesca, pero a la vez enfrentan mayores costos de producción. Esto provoca que la autoridad implemente nuevos controles, sin crear soluciones de fondo, lo que a su vez hace que más pescadores se conviertan en ilegales para mantener su ingreso. Es decir, un círculo vicioso.

“No sólo es atrapar lanchas ilegales en el mar”

La visión recurrente de las autoridades -no sólo de la presente administración-, es que el combate de la pesca ilegal se limita a la caza de “piratas” o pescadores ilegales.

Esteban Garcia Peña-Valenzuela, especialista de la organización civil Oceana, advierte que el fenómeno de la pesca furtiva va mucho más allá de esa visión.

“La inspección y vigilancia se ha debilitado más en esta administración, ha sufrido recortes muy intensos y siguen tradicionalmente pensando en que la pesca ilegal es perseguir lanchas en el agua y no; la realidad es que la pesca ilegal o también conocida como pesca ilegal o no reportada o regulada, implica formas de combatirse tanto en el agua como en toda la cadena de valor”, explicó.

En este sentido, afirma que el combate a este fenómeno incluye hasta la venta final al consumidor, ya sea en los restaurantes, en los mercado o supermercados.

“Ahí se termina la cadena de valor; en cada uno de los eslabones de esta cadena puede haber pesca ilegal”, enfatiza.

Asimismo, dijo que la falta de acciones para combatir este flagelo radica en la poca o escasa forma de entenderlo y dimensionarlo, pues hay diversas variantes o implicaciones.

“Pesca ilegal porque no solamente la lancha no tiene permiso sino también porque está pescando cosas para las que no tenía permiso y no lo reporta o porque altera y como Hacienda no tiene forma de identificar el comportamiento de los pescadores entonces ahí está el problema”, afirmó.

Incluso, derivado de todo lo anterior, es que no ha prosperado una iniciativa de que sea la Secretaría de Marina la entidad responsable de combatir la pesca ilegal.

“¿Por qué no se ha decretado o concretado esta iniciativa? Porque ya se dieron cuenta de que no solamente es perseguir lanchas en el agua sino tener un control en todos los eslabones de la cadena de labor, y entonces la SEMAR dice: ¿Qué tengo que ver yo con la venta de pescado al mayoreo? Ah, porque si tienes cargo de medidas de vigilancia, también debes hacerte cargo de eso”, explicó el activista.

«…se ha demostrado que en algunas localidades del país (como Guadalajara), hasta la mitad de las especies de pescado que la gente cree consumir en restaurantes no corresponde a la que le están vendiendo, es decir, les dan “gato por liebre”, explicó.

De esta manera, el representante de Oceana confía en que, durante la segunda del presente sexenio, finalmente el gobierno federal, de la mano del Congreso de la Unión, se defina una efectiva y real medida para combatir la pesca ilegal, bajo la óptica de que es un fenómeno que no sólo conlleva pérdidas para los pescadores legales, sino evasión de impuestos y daños sensibles al medio ambiente.